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A modo de diálogo con la Administración Pública

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La actividad económica y profesional vinculada con las actuaciones tendentes al logro de la igualdad real de mujeres y hombres, conocida también como consultoría de género, se desarrolla, fundamentalmente, en un mercado institucional en el que las diferentes administraciones públicas tienen un papel clave por su doble posición: como demandante de servicios, con el fin de desarrollar su competencia en materia de política de igualdad,  y como reguladora de la actividad y su mercado.

Tras la creación del Instituto de la Mujer y del resto de organismos de igualdad impulsores y ejecutores de la política de igualdad de mujeres y hombres se ha generado en España un hueco de mercado, de pequeño tamaño pero que, durante los años 90 del siglo pasado y los transcurridos en este, ha ido creciendo paulatinamente, en especial a través de las dotaciones económicas de los fondos europeos y posteriormente de los fondos propios de la Administración, en especial tras la aprobación de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres  de ámbito  estatal y del resto de leyes de igualdad autonómicas.

A lo largo de los más de cuarenta años de desarrollo de la consultoría de género, se ha ido creando y consolidando no solo un saber teórico sino también un saber práctico, de aplicación del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la Administración y ello ha provocado la aparición de numerosos posgrados, cursos e, incluso durante un tiempo, de un grado desaparecido al hilo de la crisis económica con la que se justifica sin rubor la desaparición y extinción de muchas actividades sociales y especialmente las relacionadas con el desarrollo de las políticas de igualdad. Estamos hablando pues de un saber profesionalizado, riguroso y asentado sobre conocimientos multidisciplinares y precisos, alejado de la charlatanería y del proselitismo, mal que les pese a algunas corrientes de pensamiento profundamente androcéntricas.

 

Teniendo en cuenta este contexto, el presente texto pretende plantear algunas reflexiones sobre el papel de la Administración en relación con las consultoras de género y el papel propio de estas como ejecutoras de la política de igualdad.

Sin embargo, y avanzando en la delimitación del campo de actuación es necesario decir que tras “la consultoría de género” coexisten prácticas y saberes muy diversos, de calidades y precios muy dispares y donde están presentes desde la profesional independiente recién licenciada y que tiene interés en el tema hasta grandes multinacionales que con sus economías de escala pueden imponer su política de precios, rebajando hasta límites impensables sus propuestas económicas en los concursos públicos, reduciendo, cuando no eliminando, así la competencia. Entre ambos extremos hay una larga escala de profesionales, asociaciones, fundaciones, microempresas y pequeñas empresas con grados de expertía muy diversos.

Esta realidad tan heterogénea y la larga trayectoria de trabajo, que desde LIKADI, he tenido con administraciones de ámbito local, autonómico y estatal me sugiere,  la necesidad de plantear algunas ideas que convendría poder reflexionar de forma conjunta entre las administraciones y las consultoras y que paso a enumerar sin seguir un orden concreto y con la esperanza de que puedan ser debatidas en algún momento:

 

1. Marco estratégico común

Sería importante que todas las administraciones públicas tengan o compartan un marco estratégico mínimo de lo que es o no es la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ese marco, está constituido, lógicamente, por las leyes y planes estratégicos en los que se deben engarzar las actuaciones y las demandas de consultoría. Sin embargo, los encargos no siempre tienen en cuenta ese marco y siguen, en algunos casos, anclados en enfoques ya superados, cuando no contradictorios o alejados del espíritu de las leyes, debido a que, en algunos casos, priman los intereses del color político sobre la institucionalización de la política de igualdad.

 

2. Reconocimiento del saber y la expertía en la materia

En pie de igualdad con otros sectores de consultoría. Para ello sería primordial que la Administración valore, mediante el precio adecuado, la complejidad de los procesos y el saber que está comprando en el mercado. Como se sabe estamos en un ámbito en el que se quiere comprar la expertía de muchos años por cantidades de profesionales casi junior, un ámbito en el que el tiempo que lleva elaborar un proyecto es gratuito y sirve muchas veces para elaborar los pliegos técnicos que luego se sacarán a licitación. ¿Sería factible esto en el campo de la obra civil en el que la administración tiene también ese doble papel de regulador y de cliente?, ¿es imaginable no pagar el proyecto de construcción de un puente? La complejidad de algunos de los procesos que se implementan para transversalizar el principio de igualdad es equivalente a los del desarrollo de otras políticas públicas. ¿por qué no se valora del mismo modo?

 

3. Determinación de la solvencia técnica.

Vinculado con el punto anterior es necesario que en los procesos de licitación se haga una comprobación rigurosa de la solvencia técnica aportada por las empresas ya que se han dado casos de adjudicación de contratos a empresas que carecían de esa solvencia. Por otro lado, también ocurre que consultoras de otros ámbitos profesionales que han resultado adjudicatarias de un concurso recurran a profesionales del ámbito de la igualdad para que validen sus resultados mediante la invitación a participar en un grupo focal, en una entrevista o a cumplimentar un cuestionario devolviéndoles como recompensa una bonita caja en las que guardar las joyas o los pendrive. ¿sería imaginables esto en el ámbito de la obra civil?, ¿se le daría por verificar la calidad de una obra a un arquitecto o arquitecta de prestigio un alfiler de corbata o un broche?

 

4. Política pública de calidad y transformadora.

Las intervenciones deberían ser no solo de calidad, sino que deberían propiciar cambios estructurales y sostenibles, pero, a veces, no parece que sea esto lo que se persigue ya que ¿es suficiente con justificar que se ha gastado un presupuesto en la política de igualdad? Tal como se presentan, en muchas ocasiones, los informes de ejecución de los presupuestos o de las actividades realizadas es evidente que en muchos casos no se hacen análisis de la calidad de lo realizado sino una mera descripción de lo ejecutado y es cada vez más urgente no solo conocer la calidad sino el resultado porque puede estar ocurriendo que el gasto, aunque pequeño, sea totalmente ineficiente al no producir los cambios que debe acarrear en el avance de la igualdad real frente a una mirada más estratégica que suponga un gasto planificado en varios años en los que dé realmente tiempo a que se produzcan cambios de calado.

 

5. Garantizar la libre concurrencia.

Dado que en la contratación institucional, se debe favorecer la libre competencia ha de cuidarse que esta no se haga a costa de bajadas de precios que solo las grandes empresas pueden asumir. Sería necesario analizar y reequilibrar el mercado y para ello volvemos a encontrarnos con el tema de la solvencia técnica y el cómo controlarla. Sería muy importante para ello y para una buena interlocución entre el sector y la Administración, la existencia en su plantilla de profesionales con la expertía suficiente para garantizar una interlocución efectiva, un análisis de solvencia real y una forma de garantizar el logro de resultados que incidan en cambios estructurales. De la interlocución debería surgir una batería de criterios rigurosos que permitan medir cuando una bajada es anormal y no podrá realizarse el trabajo con la calidad debida: cuanto tiempo se tarda en realizar la actividad, qué número de profesionales requiere, que grado de expertía deben tener, qué salarios, que recursos materiales, que resultados pretenden obtener, etc.

 

6. La problemática del reconocimiento de lo femenino.

Como ocurre en la vida en general, la consideración de las mujeres y de las actividades feminizadas como elementos de segundo rango se traslada a la política de igualdad que es percibida, en ocasiones, como electoralista y no como una prioridad aportadora de mejoras en la calidad de vida de la población y como elemento básico del sistema democrático. Esta percepción lleva en muchos casos a utilizar no solo presupuestos reducidos sino a pedir que se hagan los trabajos con gran dosis de activismo y voluntarismo cuando no se pretende ampliar la demanda a precio cero.

 

 

Aunque hay muchos más elementos de reflexión e ideas a debatir, entiendo  y, espero que esto sea el inicio de un proceso que permita a nuestra asociación a avanzar en la colocación de esta actividad en el lugar del mercado que le corresponde y que sirva, al menos, para tener algunas claves que nos permitan iniciar un proceso de interlocución con la Administración y con otras asociaciones o entidades similares en el que fijar unos estándares en el que tanto quien es cliente como entidad proveedora tenga unos márgenes que delimiten el campo de acción.

 

Texto: Isabel Alonso Cuervo, de Likadi.
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